Un año de la transferencia de prisiones: menos personal, caos organizativo y riesgo de privatización

El sindicato afirma que, “en un ejercicio de indefinición calculada, el Gobierno Vasco no ha dado a conocer aún cuál es su proyecto, y se limita a enmascarar la situación con una campaña de publicidad y autobombo que oculta deliberadamente numerosas carencias”.

1.- A fecha de hoy se desconoce el plan de infraestructuras: no se sabe si se van a construir Centros de Inserción Social para el cumplimiento de penas en régimen de semilibertad, como se anunció en su día. Tampoco se conocen los planes para la plena utilización del Centro Penitenciario de Araba, para el nuevo Centro de Gipuzkoa (Zubieta), o sobre la eventual construcción de otro centro en Bizkaia. Dichos equipamientos son básicos para implantar un modelo penitenciario u otro.

2.-Plantilla: Falta de previsión, que afecta directamente a la estructura de plantilla y a su dimensionamiento. La plantilla es muy deficitaria, por ejemplo, en el centro de Araba. Este es un centro casi gemelo del de Villena (Alicante), pero cuenta con un 20% menos de plantilla. Al producirse el traslado de Nanclares a Zaballa, se mantuvo la plantilla, a pesar de que el nuevo centro es más grande y cuenta con más personas internas.

La transferencia se realizó sin cerrar la plantilla y sin delimitar con el Estado la plantilla necesaria. Esta imprevisión ha supuesto un auténtico caos, como por ejemplo la falta de personal en las oficinas del Centro de Gipuzkoa (Martutene), que pasó de los diez efectivos necesarios a solamente dos.

3.- Otras carencias: La falta de previsión no se limita a las instalaciones y la dimensión de la plantilla. Falta también una aplicación informática propia y uniforme propio; se sigue utilizando el del Estado; se producen fallos en proveedores de productos básicos para el economato de la población interna.

“Hay falta de planificación en la reforma de las cocinas del centro de Araba, lo que ha traído consigo una situación intolerable, los internos han tenido que comer bocadillos durante una semana”, denuncia ELA.

Hace casi dos años, ELA presentó al Gobierno Vasco un documento de trabajo para elaborar un modelo penitenciario, más humano, que integrara políticas educativas, sanitarias, laborales, de justicia y de igualdad, un modelo euskaldun y acorde a la idiosincrasia de nuestro país. Todo con un objetivo: la reinserción social de la persona penada.

Para ello el sindicato solicitaba medios humanos y materiales adecuados, así como unas infraestructuras acordes a las necesidades, con centros de cumplimiento en régimen ordinario y centros de inserción social en régimen abierto en cada uno de los territorios históricos.

Las condiciones laborales

En la plantilla se dan diferentes condiciones laborales en cuanto a jornada y retribuciones, y se ha implantado la temporalidad. El Gobierno Vasco no ha negociado con los sindicatos ni la Relación de Puestos de Trabajo, ni las condiciones laborales definitivas ni la realización de las OPE.

“Todo esto aboca a un caos organizativo absoluto, cubierto mediante el uso masivo de horas extras (las llamadas “peonadas”), la acumulación de turnos (hay personas que realizan jornadas de 48 horas seguidas sin descanso) y el no disfrute de libranzas. La gestión de la transferencia ha traído precariedad, desigualdad, inseguridad”, lamenta ELA, que considera “inadmisible que un avance parcial en el ámbito competencial haya supuesto semejante retroceso social y laboral por la nefasta gestión del Gobierno Vasco”.

Apuesta por la privatización

Además, el Gobierno Vasco ha convocado ayudas para empresas y fundaciones (6,2 millones de euros ampliables para 2022-2023), señal de que una serie de labores en el ámbito de la reinserción, realizadas hasta ahora por personal propio, podrán ser subcontratadas y llevadas a cabo por personal externo en un proceso de privatización y externalización, creando un nuevo nicho de precariedad.

“Por otro lado, es inconcebible la abdicación del Gobierno Vasco en política lingüística. No solo no hay una plena integración del euskera en las prisiones, sino que ha dejado fuera de la oferta de formación al personal penitenciario y se utilizan sin rubor baremos estatales que infravaloran el euskera para la provisión de puestos”, lamenta.

Consecuencias para el personal interno

ELA valora positivamente el traslado a cárceles vascas de los presos políticos, y denuncia que algunos tribunales estén revisando cuestiones como la progresión de grado de algunos reclusos.

En relación con otros reclusos que tienen arraigo en la CAPV, pero están en cárceles distantes, afirma que hay cierta inacción para acercarlos a los centros vascos.

Por todo lo expuesto, la mayoría del personal penitenciario ha optado por iniciar movilizaciones. ELA reivindica un modelo de ejecución penal más humano y centrado en la reeducación y la reinserción de las personas internas; un modelo que exige igualmente respeto y mejoras laborales para los trabajadores y trabajadoras.