Una representación del Comité Ejecutivo de ELA asiste a la sesión del Parlamento Europeo

Laura González de Txabarri, Secretaria de relaciones internacionales de ELA, ha destacado la importancia del propio debate que supone de alguna forma la superación del veto que se opone al tratamiento de conflictos nacionales en las instituciones comunitarias. En su opinión, situar el proceso de paz en la agenda de las instituciones comunitarias es un paso que debe ser valorado positivamente. Obviamente, la superación del conflicto exigirá también procesos de negociación política en aras del reconocimiento de nuestra nación y, en este sentido, no se puede ignorar que, en el ámbito de la Unión, los debates más estrictamente políticos sobre conflictos nacionales se han sorteado hasta la fecha como una cuestión interna de los estados afectados, sobre los cuales el resto renuncia a manifestarse.

González de Txabarri ha recordado la declaración de Lizarra Garazi, que señalaba de qué forma "la presencia del algunos factores internacionales jugó un papel significativo" como factor propiciador de un acuerdo de paz en Irlanda del Norte. Entre ellos se apuntaba el de "la buena acogida dispensada por diferentes Instituciones de la Unión Europea", así como la mediación de los gobiernos norteamericano y sudafricano. Ha recordado asimismo que ELA ha señalado en muchas ocasiones la necesidad de dar al conflicto una dimensión internacional y ha llevado adelante esa tarea en cuantos foros sindicales y sociales internacionales le ha sido posible a lo largo de muchas décadas.

Eustakio Uranga, por su parte, ha resaltado el respaldo que este debate y resolución suponen para los agentes que gestionan el proceso abierto en Euskal Herria, y en general para todos aquellos que creen que los problemas políticos deben ser abordados desde prácticas políticas. Un espaldarazo más necesario vista la posición adoptada por la derecha española, que aparece alineada con la fuerzas de extrema derecha europea. Así, recordó la reflexión del Comité Nacional de ELA de septiembre de 2005, en la que se señalaba que "el PP es un obstáculo para cualquier tratamiento del problema vasco que no pase por las vías represivas".