La oferta de empleo público de 8.764 plazas anunciada por el Gobierno Vasco no cumple la Ley Iceta ni el mandato de Europa
El problema de la temporalidad de los trabajadores y trabajadoras del sector público va a seguir sin solucionarse en la CAPV. La oferta de empleo público de 8.764 plazas que ha anunciado el Gobierno Vasco solo conseguirá reducir la temporalidad hasta un 12% en la Administración General. Sin embargo, en sectores con mayor plantilla como en Osakidetza o Educación la altísimas tasas de temporalidad se mantienen: el número de plazas ofertadas es tan escaso que la temporalidad será superior el 40%.
Por lo tanto, a pesar de que Olatz Garamendi, Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, afirma que el Gobierno Vasco ha ofertado todos los puestos que podía ofertar en la Administración General, la foto general muestra lo contrario: el Gobierno Vasco no va a cumplir con lo establecido por la Ley Iceta y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de rebajar la temporalidad al 8%. Es decir, no ofertará todas las plazas que le permite la Ley, pese a estar obligado a ello.
Recordemos que la ley establece la siguiente obligación: estabilizar todos los puestos que hayan estado ocupados temporal e ininterrumpidamente durante, al menos, tres años. Sin embargo, el Gobierno Vasco se ha negado a trasladar a los sindicatos la información sobre cuántos puestos de trabajo están en esa situación, a pesar de solicitarlo reiteradamente. Se trata de una grave falta de transparencia, que además, muestra una incoherencia entre las plazas anunciadas y el número de trabajadores y trabajadoras temporales. De hecho, de acuerdo con datos ofrecidos por el propio Gobierno Vasco, en Educación hay más de 9.947 temporales que han estado trabajando como temporales durante más de tres años; en Osakidetza son 14.677 y en la Administración General 3.300. Si comparamos esos datos con el número de plazas ofertadas, es evidente que no se van a consolidar todos los puestos que podrían hacerlo. Solo se van a estabilizar unos pocos, tal y como puede observarse en la tabla:
En cambio, en las Diputaciones y Ayuntamientos, donde ha existido voluntad de negociación con los sindicatos, la temporalidad se reducirá de manera considerable. Los datos no dejan lugar a la duda:
Por lo tanto, los datos de las Diputaciones y Ayuntamientos muestran que se puede alcanzar el objetivo del 8%, ya que en este momento la ley permite dicha estabilización.
Por el contrario, el Gobierno Vasco ha preferido dar la espalda a los sindicatos y concretar unilateralmente las convocatorias, sin ningún tipo de negociación y sin ofrecer datos, para evitar así la consolidación de la plantilla. Por lo tanto, podría pensarse que el Gobierno se siente más cómodo manteniendo un número elevado de temporales en su plantilla. En definitiva, le permite una mayor flexibilidad con el personal (en los calendarios, horarios, cambios de puestos...) e impulsar la privatización del sector público a través de la subcontratación; en definitiva, hacer negocio con lo público.
Para ELA la postura del Gobierno es indamisible. El sindicato le pide que haga públicos los datos y oferte todas las plazas, y si no lo hace, estudiará la vía judicial. ELA seguirá organizando y movilizando al personal.