La resolución judicial contra Adierazi EH responda al impulso político del gobierno español

Esta resolución conculca el derecho de manifestación y participación política de ciudadanos y organizaciones que iban a reclamar, precisamente, el reconocimiento y respeto para el conjunto de la sociedad vasca de esos y otros derechos y libertades reconocidos y expresados por declaraciones y pactos internacionales.

Aún más grave, si cabe, es que esta resolución judicial responda al impulso político del gobierno de Rodríguez Zapatero, dado que reproduce íntegramente el escrito remitido por el fiscal jefe del tribunal de excepción que instó la prohibición de este acto. Se trata de un hecho lamentable que lleva a pensar que en la gestión del escenario vasco son los elementos más retrógrados quienes marquen las pautas de actuación

ELA reitera, por todo ello, la petición que hizo el pasado domingo al gobierno español que  “debe revisar su actual política en Euskal Herria, y tomar aquellas decisiones que más puedan contribuir a la consolidación de la distensión, a la paz y a la normalización política”. Es lo razonable, lo deseable y lo necesario, y es lo que demanda, además de la sociedad, un importante elenco de personalidades y organizaciones que se han distinguido internacionalmente en la resolución de conflictos. Ese es, además, el escenario de normalización por el que mucha gente de buena voluntad de nuestro pueblo viene trabajando a pesar de las trabajas impuestas por el pacto antiterrorista aún en vigor.

ELA reitera su compromiso con todos los derechos humanos, políticos y civiles, para todos los grupos y personas, en toda Euskal Herria.