La justicia da la razón a ELA y culpa al Gobierno Vasco por la falta de prevención de riesgos laborales
Inspección de Trabajo ha emitido el informe definitivo en el que concluye que las lesiones por inhalación de humo sufridas por seis funcionarios el pasado 9 de diciembre de 2025 en el Centro Penitenciario de Álava fueron consecuencia directa de graves deficiencias preventivas imputables al Gobierno Vasco. El informe actual establece una clara relación causa-efecto entre las omisiones de la Administración y el accidente laboral. Según detalla el documento, durante la intervención de emergencia provocada por el incendio de una celda, el personal interviniente carecía por completo de la formación, información e instrucciones necesarias para afrontar una situación de tal gravedad. Además, la autoridad constató que el día del siniestro el sistema sonoro de detección de incendios de se encontraba completamente desconectado.
La resolución es el resultado directo de una denuncia interpuesta por ELA. Sin embargo, se trata de un escenario recurrente: son ya varias las intervenciones previas de la Inspección de Trabajo que han obligado formalmente al Gobierno Vasco a adoptar medidas correctoras en materia de seguridad. Todo ello evidencia un modelo de gestión preventiva que pone en riesgo constante la vida de tanto de la plantilla como de las personas usuarias. ELA denuncia la falta de voluntad política y económica del Gobierno Vasco, que no invierte en los recursos necesarios para atajar el problema.
Ante la gravedad de los incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Inspección de Trabajo ha dictado una propuesta de requerimiento inmediato para que el Gobierno Vasco evalúe, forme individualmente y equipe de manera urgente a todo el personal. De forma paralela, el organismo ha dictado una propuesta de recargo de prestaciones económicas derivadas de la incapacidad temporal contra el Gobierno Vasco para las personas trabajadoras afectadas. Esta medida penaliza económicamente a la Administración por su responsabilidad directa en un accidente laboral derivado de una falta crónica de medidas de seguridad que ELA lleva años denunciando.
Por todo ello, ELA exige una inversión urgente en recursos preventivos y advierte al Gobierno Vasco de que, si no actúa de inmediato, iniciará un calendario de movilizaciones en los centros de trabajo y activará la vía judicial para depurar responsabilidades políticas.