Contra las ilegalizaciones

ELA considera que las decisiones del Tribunal Supremo de ilegalizar la actividad política de  ANV y PCTV constituyen la cobertura judicial de una  sentencia previamente dictada por el gobierno socialista, en aplicación del pacto de estado llamado “por las libertades y contra el terrorismo”.

ELA ha manifestado en más de una ocasión su oposición a la ley de partidos, diseñada para cercenar el derecho a la participación política. En este momento ELA quiere subrayar y denunciar la situación de  indefensión que padecen las organizaciones ilegalizadas, así como la arbitrariedad que preside estos procesos que, entre otras cosas, alimentan una cultura política para la cual los derechos fundamentales no son de aplicación al adversario político.

ELA denuncia asimismo el cálculo electoral que ha presidido este proceso de ilegalizaciones. Un proceso que buscaba ilegalizar con fecha cierta, propósito para el cual atestados y diligencias policiales pasan a tener valor probatorio.

ELA exige la derogación de una ley –la de partidos– que es rechazada por la mayoría política y social de este país. Eliminar políticamente la expresión electoral de civiles dueños de derechos es inaceptable en democracia. ELA quiere recordar que hablamos de la expresión electoral de un espacio socio-político legitimado repetidamente en las urnas y como tal necesaria para la vida del país.

ELA quiere asimismo llamar la atención sobre la gravedad del escenario social y político resultante de la aplicación de la doctrina del  “entorno”. No sólo está sirviendo para negar la naturaleza  política del conflicto vasco, sino que se cierne la sospecha, se acusa y se condena finalmente por colaboración o pertenencia a banda armada a personas que promueven determinadas ideas, reivindican los derechos de las personas presas, denuncian torturas y malos tratos o se comprometen en la promoción del euskara o de los movimientos sociales en general.

Todas estas decisiones son muestras inequívocas de la incapacidad del estado español para abordar la cuestión vasca por vías políticas. Esta debería ser, para ELA, una razón adicional para que las fuerzas vascas favorables al cambio político revisen y renuncien a aquellas formas de lucha y códigos de actuación política que sirven de justificación a estas vulneraciones de derechos. ELA cree que esa revisión abriría posibilidades inéditas al proceso político, contribuiría a desgastar los instrumentos de legitimación de la violencia de estado y permitiría articular respuestas sociales proporcionales a los ataques. En ese sentido, ELA reitera su exigencia a ETA de que abandone la lucha armada, tal y como lo manifestamos en la concentración de ayer.

ELA lamenta nuevamente la corrosión permanente a la que está siendo sometida el marco jurídico vasco, un marco de por sí dependiente y subsidiario. Las ilegalizaciones son también expresión fehaciente de ese desgaste, toda vez que las expresiones electorales vascas se toleran o proscriben en función de intereses de estado sin posibilidad de amparo por parte de las instituciones de autogobierno.