ELA denuncia que los centros de Formación Profesional concertados siguen desviando más de 3,5 millones de euros cada curso

A la hora de determinar cuáles son los gastos de personal docente a financiar en el caso de los centros de Formación Profesional concertados, el Gobierno Vasco tiene en cuenta   los conceptos que según la normativa educativa de F.P. en vigor se deben atender o cubrir.

Así, entre los conceptos que según la normativa en vigor deben atenderse y por tanto son  financiados por el Gobierno vasco , se encuentran las horas para la gestión y seguimiento de las prácticas en empresas (Formación en Centros de Trabajo o FCTs) y las horas para segundos docentes durante las prácticas en el aula o taller (o desdobles).

Las horas de gestión y seguimiento son las horas que se financian para la búsqueda de empresas y el seguimiento de las prácticas que realiza el alumnado en dichas empresas (principalmente para evaluar y comprobar si las empresas cumplen con su cometido y si el alumno/a adquiere el conocimiento y la experiencia personal y laboral adecuada).

En cuanto a las segundas, son las horas que se financian para que durante las prácticas en el aula o taller, se disponga de un/a segundo/a docente para dar un servicio adecuado al alumnado, tanto desde el punto de la calidad del servicio (atención personalizada y desarrollo adecuado durante las prácticas) como de la seguridad del alumnado (que las practicas se realicen bajo las adecuadas condiciones de seguridad principalmente para el propio alumnado).

Hace ya más de 4 años, los/as delegados/as de ELA de los centros concertados de FP de Iniciativa Social, detectamos irregularidades en la aplicación de estos conceptos, y llegamos a la conclusión  de que a pesar de que la normativa educativa en vigor exige que estos servicios se cubran y a pesar de recibir financiación pública para ello, los centros no estaban dedicando todas las cantidades económicas recibidas para dar este servicio.

Las consecuencias de estas irregularidades son muy graves:

• Por un lado, porque afectan y perjudican tanto al personal docente que tiene que asumir unas cargas de trabajo que no le corresponden, como para el alumnado que no está recibiendo un servicio adecuado desde el punto de vista de la calidad educativa como de la seguridad (no dotar de un segundo docente durante las prácticas en el taller, supone más carga de trabajo para el docente y menor seguridad y calidad para el alumnado).
• Por otro porque, se están dejando de destinar unas cantidades de dinero público a los fines para los que se deberían destinar.

En mayo de 2016, ELA puso en conocimiento de estas graves irregularidades tanto a las patronales de los centros de FP concertados, como al Departamento de Educación del Gobierno vasco.

La respuesta de la patronal fue que estaban cumpliendo con la normativa y no mostraron  ninguna intención de corregir estas irregularidades.

En cuanto al Departamento de Educación, y como consecuencia de la insistencia del sindicato, finalmente allá por el año 2017 decidió realizar un estudio a través de la Inspección de Educación. Por ello, durante el curso 2017-2018, la inspección educativa, acudió a 16 centros de FP concertados de Iniciativa Social (Pequeños y grandes, de diferentes provincias y patronales), y emitió un informe de fecha 23 de julio de 2018, que entregó al Departamento de educación del Gobierno Vasco. 

El informe, confirma la existencia de las graves irregularidades denunciadas por el sindicato.  En base a los datos recogidos en el informe sobre estos 16 centros de FP y según nuestros cálculos, se podrían haber dejado de destinar unos 3,5 millones de € cada curso para FCTs y desdobles. Un desvío de dinero público y de cuotas de familias que no sabemos a dónde se ha desviado, pero que dicho informe sí certifica que no se ha dedicado al seguimiento de las prácticas del alumnado y al desdoble de aulas en las asignaturas prácticas que por motivos de seguridad así lo requieren.

En mayo de 2019 ELA presentó una reclamación administrativa ante el Gobierno Vasco para denunciar dichas irregularidades de financiación pública en los centros concertados de F.P. e instándole a tomar de manera inmediata las medidas oportunas para corregirlas, así como a cubrir adecuadamente las prácticas o formación en centros de trabajo y los desdobles durante las prácticas en el aula o taller.

Como consecuencia de las denuncias y la reclamación administrativa presentada por ELA , el Departamento de Educación publicó el 30 de julio de 2019 la Resolución del viceconsejero de F.P. sobre aspectos organizativos del curso 2019-20 en los centros privados-concertados que impartan ciclos de F.P. en la CAPV.

Aunque ELA no comparte algunos aspectos de la Resolución y entiende que algunos aspectos de la misma son de dudosa legalidad, la resolución deja claro que se aplicará una Ratio de Formación en Centros de Trabajo, y otra Ratio de Crédito de Apoyo a la Docencia, ambas financiadas mediante el módulo de concertación, es decir, especifica que hay un número de horas lectivas financiadas por el Gobierno Vasco para hacer el seguimiento a las prácticas de los y las alumnas y otras horas para los desdobles, como ELA lleva reclamando durante más de 4 años.

El curso 2019-20 ha llegado a su fín y las patronales no han aplicado la resolución y el Gobierno Vasco, conocedora del incumplimiento, no ha hecho nada para garantizar el derecho de los alumnos y las alumnas a una educación justa y de calidad.

Desde ELA, por una parte hemos continuado denunciando por la vía jurídica el incumplimiento habiendo presentado en enero el recurso administrativo correspondiente para solicitar la aplicación y ejecución de la resolución para el curso 2019-2020. Por otra, hemos pedido, reiteradamente, reunirnos en una sola reunión con las distintivas viceconsejerías del Departamento de Educación con responsabilidad en este asunto (la viceconsejeria de Administracion y servicios y la de F.P.)

Sin embargo, el Gobierno ha evitado mantener ésta reunión y en las reuniones mantenidas con cada viceconsejeria por separado, cada una se ha escudado en responsabilizar a la segunda  avalando así la actuación de las patronales.

Además, es muy grave la respuesta del Departamento al recurso administrativo presentado por el sindicato en enero. En lugar de tomar medidas para corregir lo denunciado por el sindicato, nos ha querido cerrar la vía jurídica bajo la excusa de que el sindicato no tiene la condición de interesado. Educación no quiere abordar lo denunciado por el sindicato, y parece que pretende seguir sin tomar medidas para corregir las irregularidades denunciadas por el sindicato y seguir permitiendo que una importante cantidad de dinero público no se destine a sus fines.

Desde ELA seguiremos denunciando estas irregularidades tanto por la vía jurídica como por la sindical para que sean corregidas. Así, ante la respuesta recibida por parte del departamento respecto a la denuncia de incumplimiento de la Resolución para el curso 2019-2020 analizaremos acudir a los tribunales, de cara a la resolución del curso 2020-2021 hemos enviado ya al Gobierno Vasco nuestra propuesta para mejorar algunos aspectos dudosa legalidad, y haremos un seguimiento estrecho de su cumplimiento.