ELA denuncia la actitud de los diputados generales de Bizkaia y Gipuzkoa
El documento en cuestión, de 11 páginas, realiza propuestas en materia de fiscalidad; de servicios sociales; de infraestructuras y medioambiente; de transparencia y participación social y, finalmente, sobre condiciones de trabajo del personal de las diputaciones.
El diputado general de Alava, Javier de Andrés, aceptó prontamente esa solicitud. ELA se reunió con él el pasado 26 de septiembre. Y al término del encuentro, el secretario general hizo una valoración pública de la reunión ante los medios de comunicación. El encuentro resultó muy frustrante.
Hasta la fecha, ni el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ni el de Gipuzkoa, Martin Garitano, han contestado, siquiera telefónicamente, a la solicitud de reunión de nuestra organización. Al sindicato le consta que, al igual que en Alava, esa solicitud llegó a sus respectivos destinos hace un mes.
Para ELA es necesario y urgente que esas reuniones tengan lugar, ya que el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales se reunen esta misma semana en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), y la próxima en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF). Al parecer, el OCT está tratando las distintas propuestas existentes para reformar los impuestos, propuestas que no se sabe cuáles son.
En la reunión del CVF de la semana que viene se pretenden acordar las previsiones de recaudación para este año y para el año que viene. La decisión que tome el Consejo determinará los presupuestos del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales para 2012, ya que el estado limita el déficit público al 1,3% del PIB.
Para poder prever la recaudación del año que viene se tendrá que saber cuál será la normativa aplicada. Es obvio, por tanto, que es urgente realizar el necesario debate social sobre el sistema fiscal, antes de que las decisiones vengan dadas.
ELA quiere recordar que la CAPV es el único país de la OCDE en el cual la política fiscal se decide sin ningún procedimiento reglado de participación social. Es un enorme déficit democrático. La singular estructura institucional de la CAPV permite que la política tributaria no cuente con los instrumentos de información, control, transparencia y participación social que son comunes en las democracias occidentales. Ello ha permitido a lo largo de los años que la política fiscal, coordinada por las instituciones a través de los dos órganos citados, haya sido especialmente opaca e impermeable al debate público. Cabe recordar que ELA, al suspender su participación en el CES de la CAPV, puso de manifiesto esta carencia tan importante.
ELA lleva años reclamando, entre otras cuestiones, mecanismos institucionalizados de participación que permitan el concurso, entre otros, de los sindicatos de clase. Asimismo, ha reclamado que se establezcan mecanismos de consulta a la sociedad (vía referéndum), y que la ciudadanía tenga conocimiento de los contactos de los cargos institucionales con los lobbies de presión. Para ELA la opacidad y la falta de participación están necesariamente unidas a la tan favorable política para las rentas altas, de las empresas y del capital de que hace gala nuestro país. No hay más que fijarse en todo lo que en estos días se está revelando sobre las vacaciones fiscales a las empresas declaradas ilegales por los tribunales europeos.
Por todo ello, ELA denuncia la actitud de los diputados generales de Bizkaia y Gipuzkoa, que se niegan a reunirse con el sindicato mayoritario. Esa negativa revela una descortesía impropia del cargo institucional que ostentan y es, además, una ofensa a los casi 90.000 trabajadores y trabajadoras afiliadas a nuestro sindicato en esos dos territorios.
Con todo, no creemos que eso sea lo peor. Mucho nos tememos que esa negativa tiene que ver con la decisión de los diputados generales de desatender a cuantas organizaciones pongan en cuestión elementos sustanciales de la política fiscal y presupuestaria. En el contexto de la crisis, de los recortes presupuestarios y de las próximas elecciones, creemos que los diputados generales han decidido que el desencuentro en materia fiscal y presupuestaria no tenga eco alguno en el ámbito de la opinión pública. Se trata de una mala noticia para la sociedad y para la democracia.