ELA no espera resultados positivos de la reunion con la direccion de Babcock
La Federación del Metal de ELA desconfía de la reunión promovida por la dirección de Babcock a través del Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco y que tendrá lugar el lunes próximo, ya que la considera una maniobra más para desviar la atención de su responsabilidad en la crisis de esta empresa, por los incumplimientos reiterados de sus compromisos.
La Federación del metal ha decidido no acudir a la reunión convocada por la Dirección de Babcock Power España, ya que en la misma no se garantiza que se aborde lo que viene reclamando la plantilla desde hace meses, para dar salida a la crisis de la compañía y que es la marcha del grupo austriaco ATB de la empresa. La Sección Sindical de ELA ha defendido esta postura ante el resto del Comité de empresa, aunque finalmente el miembro que ELA tiene en el Comité deberá asistir a dicha reunión ya que la mayoría de dicho comité así lo ha decidido.
Desde que en octubre del año 2003 la SEPI entregase la propiedad de Babcock al grupo ATB, éste aún no ha presentado ningún plan industril concreto, incumpliendo los compromisos que asumió al hacerse cargo de la empresa y que se refieren a la carga de trabajo, transferencia de tecnología, y aportación financiera en forma de avales. Por ello, a juicio de ELA, la reunión ahora convocada es un intento de desviar la atención sobre estos incumplimientos y otras prácticas económicas irregulares que han salido a la luz en este tiempo, no descartando que pudiese, incluso, presentar nuevos recortes de plantilla ya anunciados con anterioridad.
El propio contenido de la carta que el presidente de Babcock remitió a la Delegada Territorial de Trabajo, apunta en esa dirección al culpar de las "gravísimas" condiciones de la empresa a los trabajadores y trabajadoras por las "constantes anormalidades" y conflictos de carácter laboral.
La ausencia anunciada de la SEPI en esta reunión, con el pretexto de que es una reunión de carácter laboral que no le afecta, refuerza la idea de una entente entre la Sociedad Pública y el grupo ATB, para que ésta le descargue de la responsabilidad en su actuación en el proceso privatizador por lo que, a cambio, el Gobierno español no le exige el cumplimiento de lo acordado y le mantiene las aportaciones de dinero público.
ELA reitera su exigencia a la dirección y al Gobierno español, apoyada por el conjunto de la plantilla en sus protestas, de una salida inmediata de ATB para recomponer el accionariado de la empresa, de manera que bajo el control público de una mayoría del 51 % se diese entrada a grupos industriales solventes, cerrando las puertas al riesgo de que ATB se limite a gestionar el cierra de la empresa, una vez finalizada la tutela de la SEPI en octubre del 2006, para quedarse con sus activos valorados en más de 100 millones de euros.