ELA denuncia que representates de la CAPV y Navarra dan por bueno el acuerdo laboral del sector público del estado que limita competencias
El 1 de diciembre se reunió la Mesa General de las administraciones Públicas donde la Secretaria de Estado de Función Pública expuso el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF para el personal público. Además de los sindicatos, en la reunión estaban presentes las y los representantes de las comunidades autónomas, así como la representante de la Federación Española de Municipios y provincias.
ELA quiere denunciar que la Directora de Empleo público del Gobierno Vasco, presente en la reunión, no apoyó la petición de ELA a la Secretaria de Estado para que las condiciones laborales del personal de Hego Euskal Herria se decidan en Gasteiz e Iruña, y manifestó literalmente que no tenía nada que aportar sobre el acuerdo. Posición parecida mantuvo la representante del Gobierno de Navarra en la reunión.
La posición mantenida por las representantes de la CAPV y Nafarroa es grave, ya que este acuerdo supone un nuevo paso en la pérdida de poder adquisitivo del personal público vasco, el estado sigue manteniendo la última palabra sobre las tasas de reposición, y contiene propuestas uniformizadoras en materias como salud laboral, inteligencia artificial etc.
Además, esta la posición contrasta sobremanera con la mantenida por las representantes de otras comunidades, como por ejemplo, Baleares, Castilla Leon, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana o la FEM (Federación española de Municipios), que no solo criticaron el proceso negociador llevado a cabo por el Gobierno, sino que pidieron de manera clara y explicita la eliminación de las tasas de reposición para poder decidir en sus comunidades las necesidades en materia de empleo o buscar una solución a la jubilación parcial del personal laboral.
La posición de las representantes de la CAPV y Navarra en la reunión evidencia de nuevo que el Gobierno de la CAPV y de Nafarroa defienden sus competencias en materia de condiciones laborales del sector público reconocidas, ya que les viene bien dicha intromisión para llevar a cabo recortes; tal y como ha denunciado en reiteradas ocasiones este sindicato.
Ante esta situación, los servicios jurídicos de ELA están estudiando y valorando las posibles vías de impugnación de este acuerdo, ya que se adoptó al margen de la mesa en cuyo seno está legalmente prevista la negociación de las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicos, según se dispone en el capítulo IV del Título III del EBEP.