Posición de ELA ante la situación de La Naval

Desde que la SEPI lograra el apoyo y la firma de UGT y CCOO a su plan de privatización de La Naval de Sestao, junto a los astilleros de Sevilla, Gijón y la fábrica de motores de Manises, se han venido produciendo una serie de informaciones y especulaciones interesadas en dar la impresión de que ya se han resuelto todos los problemas y nos encontramos ante un futuro inmediato de relanzamiento de la actividad de La Naval con la consiguiente garantía de los puestos de trabajo y condiciones de la plantilla.

La Federación del Metal de ELA se ve en la obligación de denunciar esta manipulación de la realidad y recordar los numerosos puntos negros que existen en el plan suscrito por SEPI, UGT y CCOO y que hacen temer por el futuro, a medio plazo, del astillero.

Se va a proceder a la liquidación y disolución de IZAR, como desencadenante del resto del proceso. Con esta decisión sólo cabrán dos alternativas. O la liquidación y cierre de la actividad o la venta forzada en condiciones precarias.

No existe un plan industrial que perfile el futuro del astillero de Sestao en el que se fijen las necesidades financieras, organizativas, de plantilla, en base al tipo de producción naval al que se va a orientar su actividad.

De igual manera, se presenta la privatización como solución cuando, a falta del plan industrial de futuro, es harto difícil suscitar el interés de inversiones industriales para un proyecto que no está definido.

Mientras tanto se plantea la prejubilación de la mitad de la plantilla, sin criterio organizativo ni funcional pensado en la continuidad, lo que puede llevar al desmantelamiento de departamentos enteros, tanto de producción, como de gestión técnica, desarrollo de proyectos, etc. En numerosos casos son puestos que requieren de una especialización que no se adquiere de un día para otro.

A juicio de ELA, el control público del astillero se ha demostrado como imprescindible para acceder a los mercados de contratación que interesan a La Naval. Así se demuestra con el gasero que se ha contratado, así como otros sobre cuya existencia se especula, ya que todos son fruto de la gestión desde el área pública.

Lo mismo sucede en cuanto a las garantías necesarias para dar cobertura financiera a la realización de dichos contratos. De igual forma, privatizado el astillero, no existen garantías de que el nuevo accionariado apueste por la continuación de la actividad y no liquide a medio plazo la empresa, para obtener importantes beneficios en base a especular con los terrenos que ocupan las instalaciones navales.

ELA denuncia la utilización política y electoralista con que se aborda el tema de La Naval. Se anuncian expectativas de carga de trabajo y empresas deseosas en entrar en su accionariado, en función del interés del momento. Con ello se pretende dar por cerrada la fase de privatización, y ofrecer un panorama de casi normalidad laboral.

Entretanto, el pasado día 23 se ha cumplido el preceptivo mes del período de consultas con la representación sindical para negociar el expediente de regulación de empleo que afectaría a las 578 personas prejubilables, sin que haya existido ninguna reunión de la Comisión de seguimiento del acuerdo con SEPI, que era la encargada de analizar y establecer las condiciones en que debieran realizarse las prejubilaciones. De nuevo nos encontramos con que SEPI y el Gobierno español tienen tomadas sus decisiones que no son negociadas con la representación sindical, a sabiendas de que finalmente UGT y CCOO darán su visto bueno a las mismas. De hecho, se ve una estrategia coincidente entre UGT, CCOO y PSOE en la defensa de la privatización y la descalificación de la opción pública.

Ante este panorama incierto, ELA continúa exigiendo la realización de un plan industrial antes de acometer ninguna medida, así como la titularidad pública del astillero. Son éstas, cuestiones necesarias para garantizar el futuro del empleo, igual que la actividad económica que genera entre la industria auxiliar. Igualmente, ELA considera que, tras la primera fase en que la Administración española ha de asumir sus obligaciones en el relanzamiento de La Naval, el Gobierno Vasco debe adoptar una posición más activa en la defensa del empleo de esta empresa y del inducido en la industria auxiliar, máxime cuando va a afectar a una comarca que ya está duramente castigada.

En defensa de estas posiciones, ELA va a presentar al Comité y a los sindicatos la necesidad de mantener activa la contestación a los planes de SEPI, para reclamar la seguridad de futuro del empleo.