ELA rechaza la decisión del Gobierno Vasco de retirar las fotografías de presos
El rechazo a esta política genera en nuestra sociedad prácticas de solidaridad que son legítimas y que deben ser respetadas y amparadas por los poderes públicos. En absoluto, en democracia, corresponden medidas de criminalización.
Hemos de recordar, además, como prácticas permanentes de los sucesivos gobiernos españoles la negativa a excarcelar a los enfermos; la aplicación desmedida del primer grado penitenciario y el régimen de aislamiento; la no aplicación de beneficios penitenciarios y de la libertad condicional a quienes han cumplido las 3/4 partes o los 2/3 de la condena; así como la negación del ejercicio, acceso y disfrute de derechos básicos como la asistencia sanitaria, la comunicación, el estudio, la paternidad-maternidad…
El partido socialista sabe que esta política es incompatible con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el estado español y ha decidido, a pesar de ello, profundizar en esta política penitenciaria.
A juicio de ELA, las personas presas tienen derechos y también los tienen los familiares o miembros de organizaciones y colectivos que reclaman estos derechos.
Queremos recordar asimismo que esta decisión se produce en un contexto más amplio de negación de derechos civiles y políticos para una parte de nuestra sociedad que ve así cercenada sus posibilidades de expresión y participación democrática.
Por todo ello, ELA reitera su compromiso con la defensa de todos los derechos civiles y políticos de todas las personas.