Comunicado del comité nacional sobre las últimas actuaciones del juez Grande-Marlaska

26/06/2006

El comité nacional de ELA, reunido esta mañana en la sede confederal de Bilbao, ha analizado la coyuntura política, en particular el condicionante que para la misma suponen determinadas actuaciones judiciales, entre las que destaca la del juez del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska.

ELA hace constar su protesta por iniciativas y actuaciones judiciales de las últimas semanas que, a juicio del Comité nacional, atentan contra la pacificación y la normalización política, y producen perplejidad e indignación en la sociedad vasca. El Comité nacional ha tenido en cuenta en esta valoración la prohibición de manifestaciones o de intervenciones de líderes políticos, la amenaza penal contra responsables institucionales y políticos por el mero hecho de haber mantenido contactos y reuniones con representantes de Batasuna, la criminalización de ciudadanos, en algunos casos responsables políticos, cuyo compromiso con las vías democráticas no ofrece duda ninguna y, en definitiva, la voluntad manifiesta de importantes instancias judiciales de responder con más represión al alto el fuego permanente decretado por ETA hace más de tres meses.

Por mucho que invoquen la separación de poderes y la independencia judicial, es demasiado evidente que estas decisiones judiciales responden al sentido de la oportunidad de los sectores políticos y mediáticos contrarios a la pacificación y la normalización política. Estos sectores son, precisamente, los que sugieren, animan y dan cobertura a estas actuaciones judiciales.

Ante todo ello el Comité nacional de ELA:

-Pide a jueces y tribunales que asuman los cambios de la realidad social, que se comprometan con la construcción de la paz y se conviertan en un activo para el proceso que la inmensa mayoría de esta sociedad demanda y sostiene.

-Expresa su apoyo a la práctica del diálogo, su solidaridad con cuantos responsables institucionales y políticos sean objeto de denuncia o actuación judicial por tal motivo, y su voluntad de seguir manteniendo una relación normalizada con las personas que representan un espacio político, como es el de Batasuna.

-Exige del gobierno español que desactive la dinámica represiva y adopte medidas y decisiones concretas que impulsen el proceso y confirmen la seriedad de su compromiso.