ELA abandona la mesa negociadora ante la negativa del gobierno vasco a consolidar a sus más de 60.000 trabajadores y trabajadoras temporales
Para sorpresa de ELA, y tras más de 4 meses desde la última reunión, el Gobierno Vasco no ha realizado ninguna propuesta distinta de lo planteado hasta el momento y sigue apostando por unas OPEs que, tanto por el número como por el propio proceso de selección, impiden la consolidación real a miles de trabajadoras y trabajadores públicos, e incluso pueden suponer la pérdida del empleo para las personas que están desempeñando esa labor durante los últimos años. Además de tener que realizar esos procesos de OPE en unas condiciones de desgaste físico y emocional enormes por la gestión de una pandemia que está dejando exhausta a una parte muy importante de las y los trabajadores del sector público.
A la vista de la posición del Gobierno, ELA ha vuelto a poner encima de la mesa sus reivindicaciones para lograr el objetivo de la consolidación:
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La retirada inmediata de la Ley de Cuerpos y Escalas, porque es insuficiente, no garantiza la consolidación del empleo público y tampoco acaba con el uso abusivo de la contratación temporal.
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Que el Gobierno Vasco y los partidos políticos que lo sustentan, den los pasos necesarios para impulsar los cambios normativos (aquí y en Madrid) que hagan posible la puesta en marcha de procesos extraordinarios de consolidación.
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Que esos procesos de consolidación se realicen en todas y cada una de las administraciones y en todo el sector público de nuestro país, que sean garantistas, de obligado cumplimiento, y negociados y acordados con la parte sindical.
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Que se articulen los mecanismos que obliguen a poner fin al abuso de la temporalidad en la contratación, que identifiquen todas las necesidades de las plantillas, las afloren y las incrementen en función de las mismas y eviten así volver al escenario de alta temporalidad actual.
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Demandamos que los procesos de OPE que ya están en marcha deben incluir medidas extraordinarias acordes a las necesidades de cada colectivo, fruto de la negociación colectiva, incluido el aplazamiento temporal de estos procesos, sin que en ningún caso se pierdan esas plazas, para evitar los graves perjuicios que, de seguir con esos procesos, pueden suponer para el colectivo.
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Que ponga fin a la política de privatizaciones y externalizaciones.