Por unos servicios sociales públicos y de calidad

A las 10:00 se ha realizado una charla en el Instituto de Laudio a cargo de Mikel Noval, responsable del gabinete de estudios, Donato Caballero, responsable de la comarca de Ibaizabal-Nervión y Jose Elorrieta, secretario general. A las 12:00, una manifestación ha recorrido las principales calles de Laudio.

Este es el texto que ha preparado ELA para exigir unos servicios sociales públicos y de calidad

El gasto social en Euskal Herria está muy por debajo de la media de la Unión Europea. De cada 100 euros que se generan en la economía, en la CAPV tan sólo se destinan 18,9 a protección social, mientras que la media europea es de 27,6. Para llegar a esta media nos faltan cada año 6.000 millones de euros (1 billón de pesetas).

Los servicios sociales son uno de los campos en que mayores son nuestros déficits respecto a la Unión Europea. Cuando una persona no es capaz de valerse por sí misma, lo normal es que las instituciones no le den ninguna cobertura. El número de plazas en residencias públicas es muy pequeño, y aunque está aumentando, ni siquiera permite cubrir el incremento de las necesidades existentes. Lo mismo podríamos decir respecto a la ayuda domiciliaria, que deja fuera a la mayoría de la población, y las personas atendidas lo son en un número de horas muy escaso e insuficiente.

La causa de esta situación es que la ley de servicios sociales actualmente en vigor, aprobada en el Parlamento Vasco, no garantiza ningún derecho a las personas dependientes. Así, cada Diputación o ayuntamiento, en su ámbito competencial, ha realizado las políticas que ha querido, con una baja dotación presupuestaria. Es decir, la ley no garantiza derechos y las instituciones competentes no han desarrollado los servicios sociales.

ELA exige que en la ley de servicios sociales que se está tramitando se recoja con claridad el derecho de las personas dependientes a tener garantizada la cobertura de sus necesidades. Es casi seguro que a lo largo de nuestras vidas vamos a sufrir una situación de dependencia, que debería ser cubierta por los poderes públicos de una forma universal y gratuita. De lo contrario vamos a perpetuar la situación actual, en la que la atención o es muy cara o se soporta por la familia, en especial por las mujeres.

Con esta materia no se juega, y vemos que, por desgracia, las instituciones hacen más propaganda que otra cosa. En el estado español se aprobó la ley de dependencia, pero sin mejorar la situación. Ya lo denunciamos en su momento. En la CAPV el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los municipios deben dejar de pasarse la pelota entre ellos.

Es hora de poner los derechos de las personas por encima de los intereses privados de quienes hacen negocio con las necesidades sociales. ELA va a luchar por un sistema público, universal y gratuito de atención a la dependencia, basado en el reconocimiento legal de los derechos.