Paro de seis horas en el sector de Intervención Social de Bizkaia

16/05/2018
Denuncian el desmantelamiento de los servicios y el bloqueo de la mesa de negociación. En convenio no se ha renovado de 2016.

ELA ha secundado un paro de seis horas en el sector de Intervención Social de Bizkaia donde el convenio lleva sin renovar desde el 2016. Dentro de la jornada de movilización, los y las trabajadores/as se han concentrado frente a la Diputación Foral, en Bilbao, donde han recordado sus principales reivindicaciones:

  • Desbloqueo de la mesa de negociación.
  • Hacer frente a la opacidad en la gestión de la cartera de servicios.
  • Mejoras en salud laboral.
  • Cumplimiento de los decretos correspondientes a varios servicios.

Tal y como han denunciado en la concentración, el sector ha sufrido constantes recortes por parte de empresas, patronales e instituciones públicas, todo ello, con un claro objetivo: desmantelar la red de servicios; precarizar las condiciones de trabajo; y obstaculizar la mesa de negociación donde debería renovarse el convenio.

ELA ha denunciado los constantes recortes de las partidas públicas destinado a estos servicios, unos recortes que conllevan, inevitablemente, la incapacidad de mantener los programas y los servicios. Como consecuencia, la respuesta a las necesidades sociales empeora.

Asimismo, los recortes tienen consecuencias directas; falta de estabilidad, despidos, cambios en las condiciones laborales, aumento de la precariedad... consecuencias negativas cuya consecuencia final será la desaparición de los servicios y programas.

Las patronales del sector no tienen voluntad ninguna de desbloquear la negociación del conflicto. Cabe recordar que esta negociación ni siquiera contempla una subida salarial que aporte dignidad a este sector, ni siquiera medidas relacionadas con la salud laboral.

Han denunciado también el papel de las instituciones públicas, quienes, a través de recortes en los presupuestos, merman la calidad de los puestos de trabajo y el propio servicio que se ofrece. Por si esto fuera poco, la opacidad absoluta con la que se aplica la cartera de servicios deja libre el camino a empresas e instituciones para que puedan desmantelar los servicios y programas según su criterio.