La OPE anunciada por el Gobierno español es insuficiente y no aborda el problema del empleo en la Administración General del Estado

26/05/2022
ELA rechaza el acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), oferta de empleo público acordada para 2022 el 23 de mayo, en Madrid. El sindicato considera "totalmente insuficiente" la oferta de 4.107 plazas en procesos de estabilización y 1.5022 plazas en procesos ordinarios de empleo, "dada la cada vez más insostenible situación del empleo público en la AGE. "Es evidente que la oferta de 15022 nuevas plazas es totalmente insuficiente. A pesar de ser un gran número de plazas, no equivale más que al 2,6% de la plantilla actual", denuncia. Así las cosas, exige al ejecutivo que haga una apuesta clara por incrementar el personal necesario para dar un buen servicio de calidad a la ciudadanía y cerrar la puerta a la privatización en el servicio público. Del mismo modo, recuerda que la tasa de temporalidad de la AGE en Hego Euskal Herria es del 18%.

"Pero el mayor problema no es la temporalidad. El adelgazamiento de la plantilla en la Administración General del Estado es sistemática, y busca, claramente, la privatización del servicio público", lamenta ELA. Atendiendo a los datos, hoy, en la Administración General del Estado hay 570.691 trabajadores y trabajadoras en activo. En Nafarroa, los últimos dos años, la plantilla ha descendido en un 30%.

Asegura el sindicato que esto, lejos de ser un dato aislado, es la tónica habitual de los últimos años en esta administración. Así, denuncia "la gran descapitalización que se esta llevando a cabo en esta administración". Afirma que el sucesivo adelgazamiento de la plantilla está generando una excesiva carga de trabajo entre los trabajadores y trabajadoras que están en activo, lo que ocasiona una deficiente calidad en el servicio a la ciudadanía, a la que se le suprime la asistencia presencial, derivándola a medios telemáticos y obligándola en ocasiones a la contratación de asesorías particulares para realizar sus trámites con la administración. "Todo ello con la clara intención de derivar una parte importante de los hasta ahora servicios públicos a una futura privatización", subraya.

Añade que la centralización del servicio vía telemática veta a los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen el derecho de relacionarse en Euskera con la administración, puesto que la alternativa impuesta genera que la persona que atiende su demanda pueda estar ubicada en cualquier otra comunidad del Estado español, y por tanto, no sepa Euskera.

En el acuerdo alcanzado, el Gobierno propone 9.591 plazas en un proceso de promoción interna. En opinión de ELA, estas plazas son escasas para fomentar la promoción dada la totalidad de la plantilla, al margen de que esta opción no genera nuevo empleo, pues las plazas liberadas no se incorporarán en los procesos ofertados.

Del mismo modo, exige al Gobierno español que reconozca a todos los trabajadores y trabajadores públicos de Hego Euskal Herria el derecho a decidir las condiciones de trabajo del sector público así como el empleo que necesitamos para tener unos servicios públicos universales y de calidad.