Firmado el Acuerdo de Mesa General de Negociación para los empleados y empleadas públicos de nuevo en minoría
Siguen sin abordarse los problemas reales en la administración
En la reunión celebrada hoy, 20 de Diciembre, de la Mesa General de Negociación para los empleados y empleadas públicos, ámbito en el que se ven inmersos en torno a 65.000 personas trabajadoras, la Administración de la Comunidad Autónoma ha vuelto a explicitar su perfil más duro, su verdadero perfil, en el ámbito de las relaciones laborales con sus propios trabajadores y trabajadoras.
Con la firma de este acuerdo en minorías, la administración consolida una vía, iniciada hace varios años, de falta de respeto a la mayoría sindical. Pretende con ello legitimar sus decisiones de marcado carácter regresivo apoyándose en aquellos sindicatos que permanentemente están dispuestos a suscribir cualquier tipo de propuesta en una operación de mera estética.
Manifiestan, de manera conjunta, el poco respeto a las decisiones de los trabajadores y trabajadoras que han optado por otro modelo sindical y de negociación colectiva.
A juicio de ELA, el Gobierno pretende un modelo de "diálogo" que desactive una negociación real. Con este esquema de negociación desea que se le cierre un acuerdo político en la Mesa General y vaciar de contenido las mesas sectoriales que se encuentran sin margen de maniobra para abordar los problemas reales de esta administración. El propio preámbulo del Acuerdo es significativo al respecto.
Con esta estructura de negociación se hace del todo imposible afrontar en las mesas sectoriales las problemáticas de reducciones de jornadas, de horas extras, de pago de antigüedad, de eventualidad, interinidad, prolongaciones de jornada, segunda actividad, y un largo etcétera de situaciones que es necesario resolver.
La Administración viene incumpliendo sistemáticamente desde el año 2000 algunos aspectos sustanciales del último acuerdo unánime en Mesa General. Así, cuestiones comprometidas en aquel acuerdo, y que no se han cumplido, se presentan ahora como ofertas novedosas. Se siguen sin cumplir la eliminación de horas extras y prolongaciones de jornada; la consolidación de empleo temporal de carácter estructural; la concreción del máximo de interinidad en los sectores; políticas decididas a favor del euskera, aplicación del contrato de relevo, información mínima sobre las subcontrataciones; comisión para la implantación de una EPSV con encomienda de gestión a Elkarkidetza.
ELA considera que la oferta económica planteada por el Gobierno es claramente insuficiente e impide recuperar poder adquisitivo. En años en que los presupuestos se cierran con superávit y nos dicen que es tiempo de bonanza económica, no es de recibo que el personal de Función Pública no incremente sus retribuciones de manera acorde a tal situación económica. Además las aportaciones a la EPSV Itzarri configuran un modelo claramente antidemocrático en su configuración y en la toma de decisiones.
En otro orden de cosas la Administración afirma comprometerse a establecer un máximo de interinidad del 8% para el 2007. Recordamos que en el acuerdo del 2000 ya se comprometió en formulación parecida y no ha impulsado en este período la reducción de dicha interinidad. En todo caso, la administración no renuncia a la posibilidad de amortizar plazas. ELA estima, como lo reclamó hace 4 años, que la presunta bondad de esta oferta debe apreciarse con mucho más rigor en el ámbito de cada sector, concretando plazas, tiempos y compensaciones en caso de incumplimiento.
De hecho, aún teniendo en cuenta lo que de avance pudiera suponer en relación a la situación actual ( abuso sistemático en la generalización de la interinidad que ha conllevado la exigencia histórica de estabilidad reclamada por ELA), no podemos juzgar este planteamiento sin ponerlo en relación con la práctica de subcontratación que realiza el propio Gobierno.
ELA califica de extrema gravedad que se pretenda colar en este acuerdo de Mesa General la aceptación de Itzarri - EPSV por parte de quienes hemos discrepado de ese modelo de ahorro financiero puro y duro. Incluir en el texto de preacuerdo las valoraciones que se hacen sobre el particular denota las voluntades reales del Gobierno a la hora de establecer las reglas de juego de lo que denominan "diálogo social".
El Gobierno dice que aplicará el contrato de relevo al personal laboral. No está claro aún que esté configurado como un derecho del trabajador/a. En ningún momento ha mostrado este Gobierno una voluntad real para abordar el agravio comparativo que supone su no aplicación al personal estatutario y funcionario. ¿Esperarán a Madrid una vez más, en un claro ejercicio de dejación y desidia?
Respecto de la subcontratación, ELA no va a otorgar ningún aval sindical en la Comisión Técnica que se crea para proceder a subcontratar servicios. Por desgracia, la práctica de la subcontratación en esta administración avanza de manera galopante, creándose círculos de intereses económicos afines en algunos casos. Además el Gobierno no renuncia a que prevalezca su posición unilateral, con lo que esta Comisión está vacía de contenido.
En último lugar ELA quiere dejar constancia del agotamiento de este modelo de negociación colectiva. Cualquier foto de acuerdo, aunque sea en minoría, vale al Gobierno para aparentar una pose política de "diálogo" . Mientras los trabajadores y trabajadoras de los sectores de Osakidetza, Ertzaintza, Irakaskuntza, Justicia, Autónoma, etc...no perciben que se aborden los verdaderos problemas que afectan a sus condiciones de trabajo y, en general a una Función Pública deteriorada, sometida a dictados estatales, sin valentía para referenciarla políticamente y ponerla a disposición de la sociedad a la que han de servir.