La reforma de la Constitución incide en las políticas que suponen aumentar el paro y la desprotección social
Que esta reforma se apruebe en el Congreso el mismo día que se ha dado a conocer un nuevo aumento del paro deja en evidencia a la clase política mayoritaria, y es una muestra más de que la creación de empleo y la calidad del mismo se han abandonado como prioridades políticas, para sustituirlas por los dogmas más neoliberales, abandonando a la población a su suerte.
La reforma supone:
- Limitar la actuación del sector público que, sin duda, se concretará en más recortes sociales (educación, sanidad, servicios sociales, empleo público, etc.) y más privatizaciones, en especial teniendo en cuenta la renuncia a aplicar una reforma fiscal progresista. Hay que recordar, también, que a la hora de plantear estas medidas se esconde que el origen del déficit y de la deuda nada tiene que ver con el gasto social.
- Dejar el autogobierno en agua de borrajas en un tema esencial. El acuerdo establece que el déficit de las Comunidades Autónomas no podrá superar el 0,14% del PIB, y que las entidades locales (Diputaciones y Ayuntamientos) no podrán tener déficit. Si esto se aplicase ahora, la recesión sería aún mayor y las consecuencias sociales aún más graves. El pacto de estado (PP-PSOE), en clave absolutamente neoliberal, no duda en apropiarse –vía constitucional, esta vez- de la capacidad de decidir.
- Despreciar la democracia. Aprobar una reforma de este calado en 15 días, sin debate ni sometimiento a refrendo social, y aprovechando el mes de agosto, es un escándalo. También en eso hay alternativas. Basta ver el ejemplo de Islandia para comprobarlo. En ese país se han negado a aplicar las políticas exigidas por los mercados y entidades financieras, y han abierto un proceso participativo para modificar la Constitución, con asambleas populares.
En relación a las movilizaciones convocadas en el ámbito estatal por determinadas organizaciones sindicales, ELA considera que se debería de clarificar si van a seguir dando cobertura a los recortes sociales (mediante el denominado “diálogo social” y acuerdos como el recorte de las pensiones) y a las demandas de moderación salarial realizadas por el Banco Central Europeo.