ELA abandona la Mesa General de la Función Pública
En Mayo de 2010 el Gobierno de Patxi López, aceptando sumisamente las directrices del Estado, aplicó a sus empleados un recorte de hasta el 2’86% en 8 de las 14 pagas que perciben (además de recortar en un 50% la aportación a Itzarri).
En aquella ocasión el Gobierno anunció que de cara a 2011 se aplicaría la congelación salarial. Lo cierto es que, en lugar de eso, el recorte a aplicar se va a duplicar porque en 2011 el descuento se va a aplicar en las 14 pagas.
Además, en 2010 y, justificándose en la necesidad de llegar a un recorte de la masa salarial del 5%, que es lo que exigía el Estado, se procedió a recortar gastos de personal amortizando plazas y negándose a cubrir al personal de baja, obligando al resto a repartirse el trabajo. Según el anuncio hecho hoy, pese a que con la duplicación del recorte salarial se alcanzaría el recorte impuesto por el Estado, la política de destrucción de empleo y de no sustituir al personal de baja, va a seguir en vigor.
LA CAMPAÑA DE CRIMINALIZACIÓN DE LOS Y LAS EMPLEADAS PÚBLICAS
Unido a esto, el Gobierno de Patxi López ha iniciado una campaña de desprestigio y criminalización de todos los y las trabajadoras de Función Pública, dando por supuesto que, de manera generalizada, “se trampea cuando se coge una baja” (declaración textual del viceconsejero de Función Pública), y que esto tiene que ser perseguido.
Esta campaña busca poner en cuestión el trabajo y la profesionalidad de todos quienes día a día sacan los servicios públicos adelante, a pesar de la gestión de Gobierno, y pretende que la sociedad perciba a estos trabajadores como privilegiados y prescindibles.
Lo cierto es que todas las medidas adoptadas por Patxi López apuntan en una misma dirección: desprestigiar lo público, dar una imagen de que lo público es caro e ineficiente, poner a la sociedad en su contra y proceder a su posterior privatización.
Es llamativo que este Gobierno, que debiera sustentar su acción en principios de justicia social, sea quien lidere la política más ultraliberal que se ha llevado nunca contra los y las trabajadoras de los servicios públicos. Es precisamente este ataque a los y las trabajadoras y a los servicios que prestan, el incumplimiento del acuerdo firmado en Mesa General (en salarios, plantillas, euskera y privatizaciones) y la campaña de desprestigio feroz contra sus empleados y empleadas, han llevado a ELA a abandonar la Mesa General, manifestando que “no pueden contar con nosotros para legitimar semejante ataque”.