EMPLEO PÚBLICO

El Supremo descarta la fijeza automática del personal laboral temporal que haya sufrido abuso en la contratación

12/05/2026
El Supremo descarta la fijeza automática del personal laboral temporal que haya sufrido abuso en la contratación
Según ha dado a conocer el CGPJ en una nota de prensa, el Tribunal deja abierta esa posibilidad, de una manera limitada, para aquellos laborales temporales que hayan superado una OPE sin haber obtenido plaza y posteriormente sufran abuso en la temporalidad.

ELA sigue apostando por la movilización para impulsar los procesos de consolidación necesarios y acabar con la lacra de la temporalidad en la Administración.

El Consejo General del Poder Judicial ha dado hoy a conocer el contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre personal laboral temporal de la Administración Pública, dictada de conformidad con la sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026 que resolvía una cuestión prejudicial planteada por la Sala. A la espera de conocer el texto concreto de la Sentencia y poder analizarlo con detenimiento, de la nota de prensa publicada hoy por el CGPJ se desprende que, una vez más, los Tribunales estatales descartan la fijeza automática del personal temporal al servicio de la Administración Pública como medida sancionadora en aquellos casos en los que existe un abuso de la temporalidad. 

Sin embargo, la Sentencia parece recuperar el espíritu de la denominada “doctrina AENA” ya que entiende que cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal laboral fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, puede decretarse la conversión de ese contrato en una relación laboral fija. Parece abrirse por lo tanto una puerta que, en todo caso, necesitará de la valoración y posterior reclamación individual de cada caso. A la espera de poder analizar con más detenimiento el contenido de la Sentencia, cabe señalar que esta medida se establece para el personal laboral. 

ELA lleva años denunciando que ni la llamada que ni la llamada Ley Iceta, ni la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración de la CAPV, ni el resto de normativa, suponen una solución suficiente y garantista para los miles de trabajadores y trabajadoras del sector público que llevan años sufriendo el uso abusivo de la contratación temporal. La solución pasa, necesariamente, por la consolidación de esas plantillas y por la articulación de medidas que impidan que esta situación vuelva a repetirse en el futuro. Además de ello, ELA ha señalado de manera reiterada que los Tribunales no van a decretar la fijeza automática y generalizada de ese personal, como así viene sucediendo en los numerosos pronunciamientos dictados durante los últimos años. 

Por todo ello, hoy más que nunca, es imprescindible seguir movilizándose para que se hagan las modificaciones legislativas necesarias, que garanticen la consolidación de los más de 77.000 temporales del sector público de Hego Euskal Herria. Más allá de la propaganda del Gobierno Vasco y resto de Instituciones, los datos del Eustat son demoledores: la cifra media de temporalidad supera el 35%, muy lejos del 8% que marcaba la Ley Iceta. Esta tasa triplica la del sector privado y en ámbitos como salud supera el 40%. 

En esta coyuntura, nuestros Gobiernos e Instituciones, lejos de adoptar las medidas necesarias y utilizar todas las herramientas a su alcance para dar una solución al problema de la temporalidad, han aceptado de buen grado una situación que, además de servirles de medida de disciplina frente a la plantilla, les ha servido también para adelgazar y privatizar el sector público. 

ELA tiene claro que hay que acabar con las tasas de reposición y articular soluciones que permitan consolidar a los miles de trabajadores y trabajadoras temporales, y que incluyan medidas para evitar que esta situación se repita en el futuro. Una de las reivindicaciones de las huelgas del sector público que ha impulsado en los últimos años es, precisamente, que podamos negociar y decidir aquí tanto el empleo como el salario de nuestro sector público.