El Gobierno y los sindicatos Estatales dan un paso más en el proceso de empobrecimiento en el sector público
Hoy se ha celebrado en Madrid la Mesa General de las Administraciones Públicas del Estado. En ella se da cuenta del acuerdo negociado en las últimas semanas entre el Gobierno del Estado y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF al margen de la mesa y escenificado el pasado jueves. A estas reuniones, mantenidas con anterioridad, no han sido convocados ni ELA, ni LAB, ni laCIG, a pesar de ser miembros de la mesa negociadora.
En materia salarial, tal y como ha denunciado ELA en los últimos días, con la propuesta pactada, han dado un paso más en el proceso de empobrecimiento de los empleados públicos. Del 8,6% perdido en el periodo 2022-2025, sólo se recuperará el 2,5%, por lo que el 6,1% perdido en ese periodo será aceptado por el sindicato firmante. Por otro lado, con la subida salarial pactada de cara a 2026, entre el 1,5% y el 2%, dada la evolución actual del IPC de 2025, estará cerca del 3%, en el año 2026 también se puede dar por segura otra nueva perdida salarial. Además de firmar un nuevo acuerdo sin vinculación al IPC. El acuerdo con vigencia para 4 años es demasiado largo. Esto lo convierte en un acuerdo sin garantías mínimas de ejecución, porque cualquier cosa puede ocurrir en ese periodo, entre otras cosas, que el IPC sea más alto de lo pactado o que haya un cambio de gobierno.
En materia de empleo, el gobierno del Estado y el sindicato continúan con su estrategia uniformizadora manteniendo, entre otras cosas, las tasas de reposición. Su idea es seguir poniendo a disposición del Gobierno español las necesidades de empleo y los procesos de selección. Y todo esto nos ha llevado a una temporalidad del 42%. El documento también menciona otras materias. Se prevé el uso de la inteligencia artificial, el tratamiento de los riesgos psicosociales en la salud laboral o la continuidad de los planes de igualdad. Pero todo esto sin ninguna precisión y con un tono totalmente uniformizador una vez más.
ELA, ha rechazado dicha propuesta, ya que es un paso más en el empobrecimiento continuado del personal público y un nuevo paso en la estrategia uniformizadora y centralista del Estado. A su vez, ha exigido al gobierno de Sánchez que respete la capacidad para poder decidir en nuestro país las condiciones laborales del sector público vasco y que de una vez por todas acaben con la vulneración del derecho a la negociación colectiva del personal público de nuestro país.
Ha pedido también a los representantes del gobierno de Gasteiz e Iruñea presentes en la reunión que defiendan el autogobierno y las competencias propias en esta materia. Para negociar y acordar aquí condiciones salariales y de empleo que garanticen el poder adquisitivo y la consolidación de miles de trabajadoras y trabajadores públicos temporales. ELA también hace un llamamiento a los partidos políticos vascos con representación en Madrid para que no cedan de nuevo al Gobierno español las competencias sobre el sector público vasco y condicionen su voto y apoyo a que se garantice la capacidad de negociar en Euskal Herria.
ELA tiene claro que seguirá impulsando la movilización para defender los servicios públicos, recuperar el derecho a la negociación colectiva, el poder adquisitivo perdido y acabar con la temporalidad.