ELA solicita en comisión parlamentaria la retirada del Proyecto de Ley de Empleo Público Vasco

Los motivos del rechazo al texto son los siguientes:

• El texto del Proyecto de Ley tiene más de 10 años, es muy similar al presentado por el Gobierno de Patxi Lopez, y ha iniciado su tramite en cuatro legislaturas ya.

• En esta legislatura no ha sido negociado con los sindicatos. En la anterior fue rechazado de manera unánime por todos los sindicatos con representación en la Mesa General.

• Se somete a la legislación estatal, renunciando al ámbito propio vasco.

• En materia de empleo:

  • No se obstaculiza la privatización.

  • A pesar de la alta temporalidad (4 de cada 10), el texto no afronta dicha realidad y deja abierta la posibilidad de que aumente.

  • Sigue sin establecer límites al uso abusivo de la contratación temporal, sin ofrecer ni mecanismos que obliguen a crear formalmente los puestos estructurales existentes, a pesar del toque de atención de los tribunales europeos en esta materia.

• Los instrumentos de participación social, sindical y de la plantilla en la gestión diaria de las administraciones son mínimas, con el fin de otorgar todo el poder a los dirigentes políticos del gobierno correspondiente y a los cargos de libre designación a la hora de tomar cualquier decisión.

• Refuerza la facultad de la Administración para decidir unilateralmente las condiciones laborales e incumplir los acuerdos. Con ello, de facto, deja sin valor el derecho a la negociación colectiva.

• Se regula, por primera vez, un código ético que pone en cuestión la propia naturaleza del empleado público que se basa en la objetividad y la independencia en la toma de decisiones.

• No existe una apuesta real por la euskaldunización de los servicios públicos ni del personal.

Por tanto, los representantes de ELA han pedido a los partidos políticos con representación en la Comisión que rechacen el texto y que impulsen una nueva ley que cambie radicalmente la situación actual y apuesten por una ley:

• Propia, euskaldun, independiente y con control social para garantizar unos servicios públicos, universales, gratuitos y de calidad; una ley que responda al interés general y no a los interés partidistas y del capital.

• Que garantice que la función publica sea desempeñado por empleadas y empleados públicos, que impida la privatización de más servicios y revierta a lo público los servicios contratadas con garantía del mantenimiento de empleo.

• Que consolide el empleo a las 55.000 empleadas y empleados temporales del sector público de la CAPV. Y que se incluyan medidas que eviten que se repita dicha situación.

• Que garantice unas condiciones de trabajo dignas, basadas en la inamovilidad e independencia, con derecho a la negociación colectiva real, sin injerencias externas, ni imposiciones unilaterales.

• Que apueste por la igualdad de género y acabe con la brecha salarial existente.

• En materia de euskera, ELA tiene claro que la implicación de las instituciones es imprescindible para garantizar el derecho de los vascos a vivir y trabajar en euskera; por eso, la nueva ley debería crear instrumentos reales para euskaldunizar en un periodo corto a nuestras administraciones públicas y a todo el sector público. En este sentido, los procesos de jubilación de los próximos 15 años deben garantizar que todos los servicios sean bilingües en 15 años y que todo el personal tenga la capacidad de entender euskera.