Europa vuelve a evidenciar la falta de voluntad política para reducir la temporalidad

El último pronunciamiento de la justicia europea sobre la temporalidad en el sector público vuelve a señalar al Estado español por no contar con medidas suficientes para frenar el abuso de la contratación temporal. Según esta interpretación, la normativa vigente no sanciona de forma efectiva estas prácticas y que es, por tanto, contraria a la legislación europea.

Esta última Sentencia, viene a poner de relieve lo que ELA lleva años denunciando: 

• Que ni la llamada Ley Iceta, ni la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración de la CAPV, ni el resto de normativa, suponen una solución suficiente y garantista para los miles de trabajadores y trabajadoras del sector público que llevan años sufriendo el uso abusivo de la contratación temporal. La solución pasa, necesariamente, por la consolidación de esas plantillas y por la articulación de medidas que impidan que esta situación vuelva a repetirse en el futuro. Y la citada normativa no garantiza, ni una cosa, ni la otra. El Tribunal señala que ni la conversión de temporales en indefinidos no fijos, ni las indemnizaciones previstas a la finalización de los nombramientos temporales, ni tampoco los procesos selectivos en los que pueda computarse la experiencia del trabajador o trabajadora temporal son medidas medidas suficientes, adecuadas y acordes a la normativa europea. Y ello porque supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por tanto, la situación de precariedad.

• Que los Tribunales Europeos no van a decretar la fijeza automática de ese personal, por lo que, hoy más que nunca, es imprescindible seguir movilizándose para que se hagan las modificaciones legislativas necesarias, que garanticen la consolidación de los más de 77.000 temporales del sector público de Hego Euskal Herria. La Sentencia abre la puerta a que la fijeza pueda ser una de las medidas a adoptar, pero lo deja en manos del Tribunal Supremo, que no lo olvidemos, en los últimos años ha dictado numerosas Sentencias en el sentido contrario. Cabe señalar, además, que la Sentencia que nos ocupa, habla de personal laboral.

La situación del empleo público en Hego Euskal Herria es dramática. Tal y como ha señalado ELA, a día de hoy, hay más de 77.000 temporales. Más allá de la propaganda del Gobierno Vasco y resto de instituciones, los datos del Eustat son demoledores: la cifra media de temporalidad en la supera el 35%, muy lejos del 8% que marcaba la Ley Iceta. Esta tasa triplica la del sector privado y en ámbitos como salud supera el 40%. 

Los gobiernos e instituciones han tolerado el problema de la temporalidad en el sector público y no han aplicado medidas suficientes para solucionarlo. Según ELA, las tasas de reposición han servido de excusa para justificar esta situación, que también ha contribuido a la reducción y privatización de servicios públicos, sin que el empleo público haya sido una prioridad política.

El sindicato reclama eliminar estas restricciones y poner en marcha soluciones que permitan estabilizar a las personas trabajadoras temporales y evitar que el problema se repita.
Además, defiende que las decisiones sobre empleo y salarios deben poder adoptarse en el ámbito propio, como vía para mejorar las condiciones laborales y la calidad de los servicios públicos.