Plantillas estables, mejores ratios y el modelo de inmersión, más necesarios que nunca
Antes los resultados del último informe PISA, ELA lamenta que este instrumento de evaluación dirigido por la OCDE éste utilice criterios “puramente mercantilistas” para medir la calidad de la educación, “buscando un sistema educativo que responda a los intereses de las grandes corporaciones”, lo que choca, señala, con un sistema educativo universal, gratuito y que fomente el espíritu crítico del alumnado, necesario sobre todo para la clase trabajadora.
Dicho esto, ELA se reafirma en que nuestro sistema educativo tiene grandes carencias y desafíos; retos a los que los Departamentos de Educación de Nafarroa y de la CAPV no han respondido, al negarse a adoptar las medidas de fondo necesarias. Esta puede ser la causa de algunos de los resultados que pone de manifiesto el estudio PISA, señala.
ELA lleva años denunciando una falta de inversión y recursos tanto en Nafarroa como en la CAPV así como la necesidad de construir un sistema propio, publico y euskaldun, “pero ambos ejecutivos insisten en aceptar las injerencias de un sistema español mercantilista”.
Por su parte, el departamento de Educación de la CAPV basa su actuación actual en dos normas principales: la Ley de Educación aprobada en 2023 y el acuerdo de condiciones laborales del profesorado firmado con el resto de sindicatos en 2025. Mientras esto siga así no se darán los cambios de fondo necesarios para reforzar la educación pública y dar respuesta a la segregación.
No hay mejoras sustanciales de ratio, tampoco cambios en la política de ratios. Ni de forma general ni en centros de alta complejidad. La mejora de ratio supondría una mejora en la educación y atención al alumnado, así como en las cargas laborales y de salud del profesorado. En el acuerdo del 25 no se recogieron mejoras sustanciales de ratio por parte de los firmantes, ni límites en la política de ratios. Por su parte, los ALE siguen sin ratio de asignación de profesorado de intervención directa. Por tanto, el departamento sigue aplicando los criterios más restrictivos. En el curso 26-27, por ejemplo, el Departamento cerrará 62 aulas en Gipuzkoa que cumplen el número mínimo de alumnos en Educación Infantil y Primaria.
No se garantiza empleo estable, tampoco equipos educativos estables. Incluso después de los procesos de estabilización, la temporalidad real supera el 30% en el profesorado, son miles los y las profesoras que cambian de centro cada curso. La estabilización del empleo, además de limitar la precariedad de los trabajadores, supondría también la estabilidad de los claustros, tanto en beneficio de los proyectos del centro como del alumnado. Ni que decir tiene en los centros de alta complejidad. Ni en la ley de educación ni en el acuerdo del profesorado se han acordado medidas y plazos para reducir esta temporalidad a un 8% real y estabilizar el empleo. El Departamento ha anunciado recientemente la puesta en marcha de una oferta de empleo de 1.374 plazas en 2027. Cuando tiene alrededor de 15.000 profesores y profesoras trabajando cada curso de forma temporal y alrededor de 1.000 jubilaciones.
El modelo de inmersión en euskera no se ha implantado, en detrimento de un sistema educativo vasco cohesionado. Construir un sistema educativo público, propio y euskaldun es imprescindible para una sociedad vasca cohesionada. El Departamento ha rechazado el modelo de inmersión lingüística en euskera. O también ha suspendido este curso los cursos R de IRALE, que fomentan la formación y constituyen una herramienta de adhesión al euskera. En el debate de la ley educativa rechazó igualmente la propuesta de ELA sobre la necesidad de que el proceso de digitalización de la educación estuviera orientado al servicio del alumnado, de la educación y la ciudadanía y no de las grandes corporaciones.