Los y las trabajadoras de Tubacex han culminado hoy frente al Parlamento de Gasteiz la marcha iniciada en defensa de sus puestos de trabajo. En la concentración frente al Parlamento se han vuelto a reproducir escenas donde los y las trabajadoras han sido golpeados y se ha utilizado de manera desproporcionada la fuerza por parte de la Ertzaintza. El conflicto laboral de Tubacex está siendo abordado por el Gobierno de Gasteiz como un problema de orden público, y trata de criminalizar la lucha de estos trabajadores y trabajadoras en defensa de sus puestos de trabajo. El Gobierno de Gasteiz se ha colocado de manera descarada a favor de los intereses de la dirección de la empresa, utilizando a la Ertzaintza incluso para cachear a la representación de la plantilla antes de acceder a las reuniones.

Cajeras de supermercados de ELA se han concentrado ante la sede del gobierno vasco, en Bilbao, para protestar contra la decisión del ejecutivo de excluirles, hace dos semanas, del protocolo de vacunación específico para colectivos esenciales y pasar a ser vacunadas dentro de la dinámica de vacunación por edades dentro del colectivo global.

La marcha a pie de los/las trabajadores/as de Tubacex iniciada ayer en Aiala ha llegado esta mañana a Vitoria-Gasteiz, donde ha recibido el apoyo y la solidaridad de otras empresas, entre ellas, Aernnova. Posteriomente se han concentrado ante el Parlamento vasco en defensa de sus empleos y para exigir el apoyo de las instituciones. Precisamente esta mañana está previsto que la consejera de Economía, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, responda a una pregunta de EH-Bildu sobre el futuro de Tubacex.

A pesar de los altos servicios mínimos decretados por el Gobierno vasco, los y las trabajadoras del Hospital psiquiátrico Aita Menni, en Arrasate (Gipuzkoa), han secundado su tercera jornada de huelga, con un seguimiento aún mayor que las anteriores convocatorias. ELA califica de “inaceptable e incomprensible” la situación que vive la plantilla en una entidad sanitaria que cuenta con una gran solvencia económica y financiación pública. “Padecen enormes cargas de trabajo, rotación de personal, parcialidad y falta de garantías en materia de salud laboral, todo ello mientras en el último año ha obtenido un beneficio del 7 %”, lamenta.

Miles de trabajadores y trabajadoras se han concentrado en los centros de trabajo de la CAPV para exigir la creación de empleo público y la consolidación de los trabajadores y trabajadoras temporales. Con carácter previo a la huelga de próximo 22 de abril, se han llevado a cabo distintas concentraciones frente a administraciones, ayuntamientos, diputaciones, centros educativos, centros de salud, medios de comunicación públicos... para exigir una solución adecuada tanto a los responsables políticos e institucionales, como a los diferentes partidos.

ELA reclama una reforma fiscal en la CAPV y en Navarra antes del verano, una reforma que establezca unos recargos o impuestos específicos sobre la riqueza, en aras de contribuir a paliar las necesidades de la actual crisis sanitaria, económica y social. Concretamente, el sindicato pone encima de la mesa dos propuestas: por una parte, establecer un tipo mínimo efectivo y sin excepciones en el Impuesto sobre Sociedades para que las empresas paguen, al menos, el 25 % de los beneficios obtenidos; por otra, aplicar un recargo de entre el 1 y el 10 % al Impuesto sobre el Patrimonio y las Grandes Fortunas, lo que permitiría recaudar 2.000 millones de euros en la CAPV y 500 millones en Navarra en un año. “Se trata de que la gente y las empresas con más dinero aporten una pequeña parte de su capital para paliar los efectos de la COVID-19 y poder sostener los servicios públicos, las prestaciones sociales... Es una cuestión de justicia”, concluye Mikel Noval, responsable del Gabinete de Estudios del sindicato.